La libertad de expresión asediada, por Robert Skidelsky

Recientemente, en un festival literario celebrado en Gran Bretaña, me vi en una mesa redonda debatiendo sobre la libertad de expresión. Para los liberales, ésta es una señal decisiva de libertad. Las democracias permiten la libertad de expresión; las dictaduras la reprimen.

Cuando en Occidente miramos al exterior, ésa sigue siendo nuestra opinión. Condenamos a los gobiernos que silencian, encarcelan e incluso matan a escritores y periodistas. “Reporteros sin fronteras” mantiene una lista: tan sólo este año 24 periodistas han sido asesinados y 148 encarcelados. Parte de la promesa que vemos en la “primavera árabe” es la liberación de los medios de comunicación de la férula del dictador.

Sin embargo, la libertad de expresión en Occidente está sometida a presiones. Tradicionalmente, la legislación británica imponía dos limitaciones principales al “derecho a la libertad de expresión”. La primera prohibía la utilización de palabras o expresiones que pudieran alterar el orden público; la segunda era la ley contra el libelo. Hay dos argumentos válidos a favor de las dos: el de preservar la paz y el de proteger la reputación de las personas contra las mentiras. La mayoría de las sociedades libres aceptan semejantes límites por considerarlos razonables.

Pero recientemente la legislación ha pasado a ser más restrictiva. “Incitación al odio religioso y racial” e “incitación al odio basado en la orientación sexual” son ahora ilegales en la mayoría de los países europeos, independientemente de que sean o no una amenaza para el orden público. La legislación ha pasado de proscribir el lenguaje que podría causar violencia a la prohibición del lenguaje cuya intención es la de ofender.

Un ejemplo manifiesto de ella es la ley contra la negación del Holocausto. Negar o minimizar el Holocausto es un delito en quince países europeos y en Israel. Se puede sostener que el Holocausto fue un delito tan absolutamente aborrecible, que se puede perfectamente considerarlo un caso especial, pero los casos especiales acostumbran a multiplicarse.

Francia ha ilegalizado la negación de cualesquiera “delitos contra la Humanidad internacionalmente reconocidos”. Mientras que en los países musulmanes es ilegal llamar ”genocidio” las matanzas de armenios del período 1915-1917, en algunos países occidentales es ilegal decir que no lo fueron. Algunos países de la Europa oriental prohíben específicamente la negación de los “genocidios” comunistas.

La censura de la memoria, que en tiempos considerábamos ingenuamente una marca de las dictaduras, es ahora una importante industria en crecimiento en el Occidente “libre”. De hecho, la censura oficial es sólo la punta del iceberg de la censura cultural. Una persona pública debe estar constantemente en guardia para no ofender, intencionadamente o no.

Violar el código cultural daña la reputación de una persona y tal vez la carrera de quien lo haga. Recientemente, el Secretario del Home Office de Gran Bretaña, Kenneth Clarke, tuvo que disculparse por haber dicho que ciertas violaciones eran menos graves que otras, lo que daba a entender la necesidad de una discriminación legal. El desfile de meteduras de pata y consiguientes disculpas serviles ha llegado a ser una característica habitual de la vída pública.

En su ensayo clásico Sobre la libertad, John Stuart Mill defendió la libertad de expresión con el argumento de que la libertad de investigación era necesaria para el avance del saber. Las restricciones en ciertos sectores de las investigaciones históricas se basan en la premisa opuesta: la verdad es sabida y es impío discutirla. Es absurdo; todos los historiadores saben que no existe algo así como una verdad histórica final.

No es misión de la Historia defender el orden o la moral públicos, sino dilucidar lo ocurrido. La historia legalmente protegida vela por que los historiadores no corran riesgo. Desde luego, atenerse al principio de Mill requiere con frecuencia la protección de los derechos de personajes indeseables. David Irving escribe una historia mendaz, pero su procesamiento y encarcelamiento en Austria por “negación del Holocausto” habría horrorizado a Mill.

En cambio, la presión de la “corrección política” se basa en el argumento de que la verdad es incognoscible. Las declaraciones sobre la condición humana son esencialmente cuestiones de opinión. Como la declaración de una opinión por algunas personas es casi seguro que ofenderá a otras y como dichas declaraciones no hacen contribución alguna al descubrimiento de la verdad, su mayor o menor capacidad de ofender pasa a ser el único criterio para juzgar su admisibilidad. A eso se debe el tabú aplicado a ciertas palabras, frases y argumentos que dan a entender que ciertas personas, grupos o usos son superiores o inferiores, normales o anormales y a eso se debe también la búsqueda de formas cada vez más neutrales de etiquetar los fenómenos sociales, con lo que se priva el lenguaje de su fuerza e interés.

Un ejemplo clásico es la substitución de “matrimonio” por “familia” en el habla pública, para dar a entender que todos los “estilos de vida” son igualmente valiosos, pese a que la mayoría de las personas persisten en querer casarse. Ha pasado a ser tabú la consideración de la “homosexualidad” como una perversión, pese a que ésa fue precisamente la palabra utilizada en el decenio de 1960 por el filósofo radical Herbert Marcuse (que con ella elogiaba la homosexualidad como una forma de disidencia). En la atmósfera actual de lo que Marcuse llamó “tolerancia represiva”, se consideraría “estigmatizador” semejante lenguaje.

El imperativo sociológico que subyace a la difusión de la “corrección política” es el de que ya no vivimos en sociedades patriarcales, jerárquicas y monoculturales, que exhiben un acuerdo general, aunque irreflexivo, sobre los valores básicos. Los lastimosos esfuerzos desplegados para inculcar un sentido común de “britanidad” u “holandesidad” en sociedades multiculturales, por bien intencionados que sean, atestiguan la desintegración de una identidad común.

Así, pues, el lenguaje público ha llegado a ser la moneda común del intercambio cultural y todo el mundo tiene que atenerse al comportamiento establecido. El resultado es una multiplicación de términos ambiguos que congelan el debate político y moral y crean un abismo cada vez mayor entre el lenguaje público y lo que piensan los ciudadanos de a pie.

La defensa de la libertad de expresión no resulta facilitada precisamente por los abusos de la prensa popular. Necesitamos medios de comunicación libres para que revelen los abusos del poder, pero el periodismo de investigación queda desacreditado cuando se deja sobornar para “revelar” la vida privada de los famosos en casos en los que no está en juego una cuestión de interés público. El chismorreo entretenido se ha convertido en un asalto a la intimidad y los periódicos afirman que cualquier intento de mantenerlos alejados de los dormitorios de las personas son un asalto a la libertad de expresión.

Sabemos que una doctrina tiene problemas cuando ni siquiera quienes afirman defenderla entienden lo que significa. Con ese criterio, la doctrina clásica de la libertad de expresión está en crisis. Más vale que nos apresuremos a resolverla –jurídica, moral y culturalmente–, si queremos conservar el sentido propio de lo que significa vivir en una sociedad libre.

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Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores británica, es profesor emérito de Economía Política en la Universidad Warwick.

Copyright: Project Syndicate, 2011.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por Carlos Manzano.