Política-ficción
La vida de los taxistas es una permanente lucha contra el tiempo. Mientras más rápido se desplacen, mayores posibilidades de obtener ingresos. En esos avatares, presionado por el mercado del fin de semana, Juancho Amador no se detuvo frente a la luz roja, por lo que un avispado y eficiente fiscal lo detuvo:
– Buenos días ciudadano, ¿está usted consciente de que acaba de cometer una infracción?
– Sí, lo siento… no vi la luz —dijo Juancho, confiando en que aceptar su culpa era la mejor estrategia.
– Bájese del vehículo.
– Seguro…
– Bueno, ciudadano, a partir de este momento, debo informarle que su vehículo queda expropiado.
– ¿Cómo? ¿Expropiado? ¿Por comerme una luz? ¿No debería ponerme una multa?
– No, señor. Ahora la manera de garantizar que usted no se comerá la luz nuevamente es expropiarle su vehículo, así que su automóvil pasará a ser propiedad del Estado. ¿Cuánto cuesta su vehículo?
– Como 40.000 bolívares… pero… es absurdo que me compren el vehículo por comerme una luz. Esto debe ser una broma ¿no?.
– No, ciudadano: el Estado pagará el precio de su vehículo y a partir de este momento, un empleado público conducirá el taxi. Es la nueva política.
La expropiación como sanción
Un grupo de importantes empresas venezolanas han pasado a ser propiedad del Estado mediante la figura de la expropiación bajo el actual período presidencial. Compañías eléctricas, telefónicas, cementeras, siderúrgicas, agropecuarias, petroleras, productoras de alimentos y de papel están ahora bajo la propiedad del Estado venezolano y, según declaraciones públicas, este proceso de transferencia de propiedad no ha finalizado. El discurso oficial que se ha utilizado para justificar las estatizaciones ha sido que las empresas incumplían diversas normas, regulaciones y leyes. De algunas se ha dicho que fijaban precios más altos que los debidos (especulación, usura o afines) y de otras que exportaban su producción, desabasteciendo el mercado interno. También se ha escuchado que alguna de estas empresas expropiadas no trataba adecuadamente a sus trabajadores.
Nadie puede saber si alguna de las empresas expropiadas incurrió en violaciones a la ley: a ninguna se les ha realizado un juicio que permita afirmar que alguna de las acusaciones tiene sustento en la realidad. Pero, en todo caso, ¿Es expropiar la forma más eficiente de corregir las violaciones de la ley? ¿Por qué no se aplicaron las sanciones previstas en las leyes? ¿Por qué preferir la expropiación, un proceso costoso, para sancionar a las empresas? Todas las supuestas violaciones de las leyes que han servido para justificar la expropiación pudieron ser corregidas y sancionadas mediante la simple aplicación de la ley.
El problema no se detiene en el uso de la expropiación como sanción. Utilizando nuestro ejemplo de política-ficción: ¿Alguien cree que el servicio de taxi mejorará si los taxis pasan a ser propiedad del Estado y los conductores empleados públicos?
Lo público no es lo Estatal: Lenin leyendo mal a Marx
La confusión entre lo público y lo estatal estuvo en el centro de la caída de la Unión Soviética. Lenin y sus seguidores implementaron una agresiva política de expropiaciones, apoyándose en la piedra angular del pensamiento marxista: la explotación capitalista es posible por la existencia de la propiedad privada de los medios de producción. La interpretación del líder bolchevique fue directa: para acabar con la explotación, había que abolir la propiedad privada de los medios de producción y sustituirla por la estatal. ¿Suplantar la propiedad privada por la propiedad estatal?
Ante la debacle soviética, John Roemer —afamado neomarxista y profesor de la Universidad de Yale, autor de Un futuro para el socialismo (1995), entre otros títulos que intentan rescatar el pensamiento marxista (incluido el socialismo)— alega que Marx nunca propuso que la propiedad privada de los medios de producción debía ser sustituida por la propiedad estatal. En la interpretación de Roemer, los medios de producción deben estar directamente en manos de los ciudadanos (propiedad pública) en forma de acciones y no en manos del Estado (propiedad estatal): el Estado no es el pueblo y, en consecuencia, lo público no es lo estatal. Roemer sostiene que Lenin leyó mal a Marx y por esa interpretación errónea los soviéticos pagaron las consecuencias de una economía cuyos medios de producción fueron monopolizados por el Estado.
“Vanidad, mi pecado favorito…”, dice el diablo desde el infierno
Los soviéticos se ufanaban de haber colocado en manos del Estado más del 99% de los medios de producción luego de la revolución bolchevique. Había orgullo entre los líderes, un orgullo que no tomó en consideración los demonios que estaban por desatarse. El Estado soviético se había inoculado su propio veneno: la agricultura, la industria y el comercio estaba bajo control absoluto del Estado.
Los planificadores centrales soviéticos utilizaban complejos modelos matemáticos para determinar qué producir, cuánto producir, cómo y dónde distribuirlo. Los planes funcionaban maravillosamente en las oficinas de la fría Moscú: en el papel y en el pizarrón, todos los problemas de producción y consumo se resolvían. La Unión Soviética se preparaba para ser el verdadero poder económico mundial. Pero los detallados planes se enfrentaron contra una barrera imbatible: los burócratas que manejaban las empresas estatales contraponían sus intereses a las bondades del plan y, en los casos que se acogían al plan, los resultados no eran los esperados en Moscú. Si los soviéticos produjeron al “hombre nuevo”, no lo pusieron al frente de las empresas estatales.
Un sistema de producción y comercialización estatizado y sujeto a la planificación centralizada produjo en la Unión Soviética la aparición del fenómeno de la escasez, que el economista húngaro János Kornai definió como la característica principal de los sistemas económicos socialistas. En las sociedades socialistas del siglo XX las cantidades de bienes y servicios disponibles fueron permanentemente insuficientes para satisfacer las cantidades que demandaba la población. Paradójicamente, en la utopía de la igualdad, no había productos y servicios básicos para todos. Para muchos analistas, la abolición de la propiedad privada en la Unión Soviética sólo sirvió para controlar políticamente a la sociedad, a costa de la utopía.
¿Por qué a mi tía le deben importar las expropiaciones?
Se estima que el Estado venezolano ha gastado —o “comprometido”— veinte mil millones de dólares en expropiaciones. Al día siguiente de cada una de esas expropiaciones, el país no era más rico ni tenía más recursos, y las empresas expropiadas seguían produciendo exactamente los mismos bienes y servicios, pero los recursos del Estado se veían mermados en unos cuantos millones de dólares –el costo de comprar la empresa-. ¿Era la compra de estas empresas el mejor uso que se le podía dar a esos 20.000 millones de dólares? ¿Y la salud, la educación, la seguridad o la infraestructura? Que el Estado compre una empresa que está operando implica una simple transferencia de recursos del Estado a los antiguos propietarios, no una inversión. Invertir —en educación, salud o seguridad— es crear valor, crear riqueza: es apostar por la posibilidad de disminuir la pobreza.
Además, vale la pena preguntarse: ¿mantendrán las empresas, ahora bajo gerencia estatal, un nivel de eficiencia y productividad adecuado durante los próximos años? ¿No pasarán a depender del financiamiento ciudadano —es decir, del presupuesto público— para su funcionamiento? ¿No se politizarán? ¿No será que los problemas de las empresas estatales soviéticas no eran tanto por soviéticas sino por estatales? La discusión está abierta, pero los optimistas de la gerencia pública no encuentran muchos buenos ejemplos, ni cercanos ni lejanos, en la ya larga historia de empresas venezolanas bajo control estatal.
El arroz chino es privado
Las autoridades del Partido Comunista Chino han manifestado que el giro hacia el capitalismo que ha dado el gigante oriental durante los últimos treinta años forma parte de una correcta interpretación de Marx: el socialismo sólo es posible a partir de una sociedad industrializada. Los comunistas chinos advierten que no han abandonado su sueño, sólo que para que China pueda convertirse en esa sociedad industrializada, lista para dar el salto a la utopía socialista, tienen que pasar unos doscientos años de crecimiento económico similar al que han disfrutado durante los últimos 32 años (y gracias al que han logrado sacar de la pobreza a trescientos millones de personas). Los dirigentes comunistas chinos entienden que la única forma de erradicar la pobreza es creando riqueza, y que ésta sólo se produce de forma real y sostenible con el empuje de la inversión privada y el respeto a los derechos de propiedad. Mientras transcurren los doscientos años necesarios para la industrialización China que hará posible el socialismo –dirigentes del partido comunista chino dixit-, no está demás que aprendamos la lección –en temas económicos, no políticos-.
El juicio al final (del siglo XXI)
Dicen en las clases de Políticas Públicas que nunca debe evaluarse una política por sus intenciones, sino por sus consecuencias. En el siglo XX, una economía estatizada y la planificación centralizada condenaron a millones de seres humanos a sobrevivir en condiciones paupérrimas e incluso a la pérdida de sus vidas. Nada que tenga el apellido “siglo XXI” debe repetir los errores de un pasado no tan lejano: si vamos a hablar de socialismo, conviene recordar que lo público no es lo estatal y las divergentes historias de la Unión Soviética y la China comunista. Cómo dijo el reformador chino Deng Xiaoping: ¿Qué importa si el gato es blanco o negro, con tal de que cace ratones?
Mientras tanto, me monto en un taxi privado a llevarle estas notas a mi tía.