Rosa Náutica
Por Luis Esteban G. Manrique
Los presidentes de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reunidos en Bariloche (Argentina) el pasado 30 de agosto alcanzaron un consenso de mínimos sobre la presencia de fuerzas militares de EEUU en bases colombianas, declarando que éstas “no pueden amenazar la soberanía” de los países.
Ello supone un triunfo parcial para el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que evitó la condena de su acuerdo con Washington, y un balón de oxígeno para el organismo, que corría el riesgo de desintegrarse si la cumbre se reducía a un cruce de insultos o finalizaba sin un documento común.
No es un logro menor para un continente con una larga tradición de experiencias integracionistas frustradas y que a pesar de toda la retórica “bolivariana” gastó el año pasado 51.000 millones de dólares en armamento, un 30% más que en 2007, según el Centro para una Nueva Mayoría de Argentina.
Sólo Venezuela ha adquirido armas de Rusia por valor de 4.000 millones de dólares en los últimos años y hasta Bolivia, el país más pobre de la región, ha obtenido una línea de crédito de 100 millones de dólares de Rusia para material defensivo. Brasil, el principal promotor de Unasur, ha comprado recientemente submarinos y helicópteros franceses y planea gastar 5.000 millones de dólares en renovar su fuerza aérea.
La Red de Defensa y Seguridad de América Latina, un centro de investigación argentino, calcula que el gasto militar supone el 10,7% del presupuesto nacional ecuatoriano, el mayor de la región, incluso por encima de Colombia (9,3%), que libra una guerra contrainsurgente desde hace décadas, y de Venezuela (5,2%), uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo.
Por ello, cualquier avance en la generación de confianza mutua, por tímido que sea, supone un hito nada desdeñable. Uribe logró además incluir en la declaración final la necesidad de fortalecer la lucha contra el terrorismo y el tráfico de armas.
Uribe le ganó el pulso a sus críticos en Unasur al inistirt que se transmitiera la cumbre por televisión. Así, el presidente colombiano no apeló a sus interlocutores sino a la opinión pública latinoamericana. Según una encuesta posterior del diario La Nación de Buenos Aires, para el 40% la presencia de tropas de EEUU en las bases era “una buena opción para la lucha contra el narcotráfico” y solo un 2% consideró que constituían una manera de ceder la soberanía del país.
Ahora, los ministros de Defensa y Exteriores, en una nueva reunión, deberán abordar el problema de los controles y límites a la presencia de tropas extranjeras en territorio suramericano, algo que incluso los colombianos consideran un mal necesario condicionado por la guerra interna que libran contra la guerrilla de las FARC, duramente condenada en Bariloche.
El texto final ratificó el respeto “irrestricto de la soberanía de los Estados y la no injerencia en asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos”. Uribe defendió el acuerdo argumentando que es “una ayuda práctica y eficaz” en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y mostró documentos en los que quedaba patente la brutalidad con la que actúan las FARC.
“Colombia recibe expresiones de pésames y solidaridad, pero pocas veces la cooperación práctica”, dijo, en un velado reproche a los 12 países que forman la Unasur, la mayoría de los cuales no considera siquiera terroristas a las FARC.
Ante ese argumento, la vinculación que hizo Hugo Chávez del acuerdo con una supuesta estrategia del Pentágono lanzar una “plataforma global de dominación del imperio” quedó sin sustento. Nadie duda de que el uso de EEUU de las bases colombianas constituyen una ficha importante en el ajedrez geopolítico que la superpotencia juega en el tablero mundial.
En el “libro blanco” de la defensa de EEUU que leyó Chávez, un documento público colgado en internet, se afirma, por ejemplo, que desde la base de Palanquero podían salir aviones de transporte C-17 que podrían cubrir todo el continente menos, el Cabo de Hornos, sin tener que reabastecerse de combustible.
Sin embargo, las acusaciones de que las bases colombinas se pueden convertir en una cabeza de puente para invadir países o derrocar gobiernos izquierdistas, como si los tiempos de la Guerra Fría no hubieran pasado, son inverosímiles para la mayoría de los analistas y la opinión publica regional.
Pero lo que los presidentes querían escuchar no era una exposición de los problemas internos de Colombia sino lo que tenía que decir Uribe sobre las implicaciones geopolíticas de la presencia de tropas norteamericanas en un país miembro. Uribe trató de tranquilizarlos sobre ese punto, pero no lo logró del todo, a pesar de que insistió en que la presencia de los soldados de EEUU no tenía otro objetivo que combatir el “narcoterrorismo”, que el acuerdo no afectaba la soberanía colombiana y que no ponía en peligro a ningún país del continente.
Luiz Inácio Lula da Silva, que tenía la última palabra, estuvo lúcido y constructivo, respaldando a Colombia con su apoyo a su soberanía nacional, pero agregando que para tranquilidad de todos era necesaria una garantía jurídica de Colombia y de EE UU de que las actividades militares desde esas bases no irían más allá de las fronteras colombianas.
Su mayor aporte fue una reflexión sobre cómo en el pasado los países latinoamericanos tenían sus enemigos en la región y a sus aliados en EEUU y Europa. Ahora, dijo, debe imponerse una nueva realidad: la solidaridad y la independencia del continente frente a potencias externas. Y, quedó claro, Brasil intentará liderar ese nuevo escenario.
Foto: fedepo18