La ley de las consecuencias no intencionales se refiere al hecho de que las acciones de las personas -y de los gobiernos- , en muchas ocasiones, generan consecuencias no intencionales, y, en algunos casos, inesperadas. Por ejemplo, una política que promueva la venta de vehículos puede tener como consecuencia un incremento en el tiempo que requerimos para desplazarnos en la ciudad y, por lo tanto, reducir el tiempo disponible para estar con nuestros hijos. La eliminación de los peajes puede ocasionar un incremento en el robo de vehículos debido a la disminución de la probabilidad de capturar a un delincuente transitando con un vehículo robado. En los ejemplos anteriores, suponemos que no era la intención de los que implementaron la política que aumentara el tiempo que necesitamos para desplazarnos en la ciudad ni que se incrementaran los robos de vehículos. Pero, en todo caso, ambos fenómenos serían consecuencia de la aplicación de las políticas.
En ocasiones, las consecuencias no intencionales imponen a la sociedad un costo muy superior a los beneficios de la acción implementada. Por ello se dice que la simple enumeración de los beneficios de una política nunca será justificación suficiente para su implementación. Los beneficios de la política deben ser superiores a sus costos y el análisis de los costos debe considerar todas las consecuencias para la sociedad de su implementación. Ya tendremos ocasión de dialogar en Prodavinci sobre la ley de las consecuencias no intencionales.